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OBJETIVO SALVAR A CRISTINA

(30/07/20) - Argentina - El presidente Alberto Fernández presentó una ambiciosa reforma del sistema judicial argentino. El proyecto será enviado esta semana al Congreso y apunta contra el poder acumulado por los jueces federales, encargados de las causas de corrupción, además de delitos como narcotráfico y terrorismo. La oposición ve en esta iniciativa una clara intención de dar por tierra con todas las causas que tienen a la vice presidenta, y en algunos casos a sus hijos, como protagonista, justamente, en la justicia federal. Fernández considera que los 12 magistrados actuales se han "politizado" y han cedido su independencia al poder (político) de turno. Si el proyecto prospera, su número subirá a 46, fruto de la fusión de otros juzgados. La Justicia no tiene buena imagen pública en Argentina por ende todos están de acuerdo en que es un poder que necesita modificaciones y el Gobierno aprovecha esa idea, aunque en plena pandemia suene desafinada o de mínima inoportuna. Alberto Fernández, abogado de profesión y profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, sostiene que la mayor parte de los males de la Justicia argentina tienen a los jueces federales de los tribunales de Comodoro Py como responsables. En los despachos de los 12 jueces federales, que acumulan un poder enorme hoy están las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex altos funcionarios de su Gobierno, conviviendo ahora con las que se le han abierto al ex presidente Mauricio Macri y algunos de sus exministros. Según Alberto Fernández, este nuevo proyecto "busca superar el hecho de que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas, que tienen el poder de decidir en la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediáticas".

VIGILANDO A VENEZUELA VIERON A MÉXICO

(30/07/20) - México - Se abre una investigación sobre un intercambio entre Caracas y México. Se trata de petróleo venezolano por maíz y camiones cisterna para agua potable procedentes de México. Es el acuerdo que se firmó en junio de 2019 una empresa mexicana, Libre Abordo, sin ninguna experiencia en el sector, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) (la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas). Fue una operación en dos contratos valorada en más de 200 millones de dólares. La opacidad del intercambio puso en alerta al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga el caso y asegura que con este sistema se han despachado más de 30 millones de barriles de crudo. Lo que interesa a Washington es que esta operación viola las sanciones estadounidenses sobre Venezuela. Por otra parte, las autoridades mexicanas también han puesto el foco en el esquema ante la falta de claridad de los contratos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México tiene abierta una investigación para arrojar luz sobre estas operaciones. Fuentes cercanas a la Administración de Nicolás Maduro rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que la falta de claridad de los contratos es consecuencia, justamente, de los problemas que tiene Venezuela para hacer cualquier negocio ante las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de Libre Abordo, según un alto funcionario, se debe "a la situación de bloqueo". "No se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan", afirma.

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